En la Junta Directiva de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) los fabricantes mostraron esta preocupación por un proyecto de ley que en este momento se encuentra en el Congreso de los Diputados pendiente de enmiendas de los grupos parlamentarios.
En el caso de que prosperen algunas de las enmiendas que se están barajando, se podrÃa volver a la situación que se planteó inicialmente cuando fue aprobada una enmienda a la Ley de EconomÃa Sostenible que enfrento a fabricante y concesionarios.
Anfac recuerda que los principales grupos polÃticos alcanzaron un acuerdo por unanimidad para corregir la situación, dejando sin efecto la mencionada enmienda, que sólo beneficia a los propietarios de los concesionarios, no a sus empleados y que supone un blindaje para los accionistas de las concesiones.
Los grandes afectados serÃan los empleados de las propias concesiones que ya están siendo castigados duramente por la crisis, agrega Anfac.
Hay varios aspectos que producirÃan perjuicios a un sector industrial que invierte grandes sumas en I+D+i en la producción del vehÃculo, en la imagen de marca y en la venta del producto, añaden los fabricantes en el comunicado.
También se extraen consecuencias negativas para el mercado, el consumidor, la propia calidad del servicio de venta, y puede afectar negativamente a otros sectores económicos, asegura Anfac.
El Proyecto de Ley podrÃa producir un alza en los precios de los vehÃculos, ya que la nueva normativa sobre distribución de vehÃculos obligarÃa a hacer elevadas provisiones por indemnizaciones.
Los incrementos en las provisiones junto al aumento de los costes de comercialización perjudicarÃan al consumidor porque, lejos de bajar los precios, se podrÃa producir un incremento de los mismos.
Anfac hace en el comunicado un recuento de los aspectos que preocupan a los fabricantes, entre ellos la posibilidad que establece el texto del traspaso del negocio por parte del concesionario sin autorización de la marca.
Imponer por ley, al fabricante, la obligación de soportar una cesión de su contrato y, por lo tanto, el derecho a usar su marca por un tercero, que podrÃa ser incompetente o insolvente, resulta intervencionista y contrario a las normas actualmente vigentes en toda la UE.
También establece el proyecto unos baremos que dan como resultado unas indemnizaciones muy superiores a las que se establecen en cualquier paÃs europeo, como Francia o Alemania. En Europa, salvo en Bélgica, no existe ninguna ley de distribución, precisa Anfac.
Las indemnizaciones deben fijarlas los jueces, amparándose en la jurisprudencia existente, sin que deba existir un tope máximo o mÃnimo para establecerlas, defienden los fabricantes.
La Ley que finalmente salga del Congreso de los Diputados no se deberÃa aplicar a los contratos antiguos, ni a las renovaciones ni prórrogas de los que están en vigor actualmente, ya que crearÃa incertidumbre e inseguridad jurÃdica, añaden los fabricantes.
Precisa Anfac, finalmente, que la Ley de Distribución final debe ser una norma de mÃnimos y con carácter horizontal. Ha de contemplar las condiciones básicas que deben reunir todos los contratos de distribución de cualquier sector de la actividad económica, permitiendo que los aspectos especÃficos de cada sector y que su tratamiento se adapte a las necesidades del mercado, preservando la libertad de las partes para pactar lo que consideren oportuno.
En definitiva, concluyen, la futura Ley de Contratos de Distribución debe respetar la libertad de pacto para que los que concurran al mercado puedan decidir las condiciones que quieren aplicar y las relaciones que mantienen entre las partes.
|