En la Junta Directiva de ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) los fabricantes mostraron esta preocupación por un proyecto de ley que en este momento se encuentra en el Congreso de los Diputados pendiente de enmiendas de los grupos parlamentarios.
En el caso de que prosperen algunas de las enmiendas que se están barajando, se podría volver a la situación que se planteó inicialmente cuando fue aprobada una enmienda a la Ley de Economía Sostenible que enfrento a fabricante y concesionarios.
Anfac recuerda que los principales grupos políticos alcanzaron un acuerdo por unanimidad para corregir la situación, dejando sin efecto la mencionada enmienda, que sólo beneficia a los propietarios de los concesionarios, no a sus empleados y que supone un blindaje para los accionistas de las concesiones.
Los grandes afectados serían los empleados de las propias concesiones que ya están siendo castigados duramente por la crisis, agrega Anfac.
Hay varios aspectos que producirían perjuicios a un sector industrial que invierte grandes sumas en I+D+i en la producción del vehículo, en la imagen de marca y en la venta del producto, añaden los fabricantes en el comunicado.
También se extraen consecuencias negativas para el mercado, el consumidor, la propia calidad del servicio de venta, y puede afectar negativamente a otros sectores económicos, asegura Anfac.
El Proyecto de Ley podría producir un alza en los precios de los vehículos, ya que la nueva normativa sobre distribución de vehículos obligaría a hacer elevadas provisiones por indemnizaciones.
Los incrementos en las provisiones junto al aumento de los costes de comercialización perjudicarían al consumidor porque, lejos de bajar los precios, se podría producir un incremento de los mismos.
Anfac hace en el comunicado un recuento de los aspectos que preocupan a los fabricantes, entre ellos la posibilidad que establece el texto del traspaso del negocio por parte del concesionario sin autorización de la marca.
Imponer por ley, al fabricante, la obligación de soportar una cesión de su contrato y, por lo tanto, el derecho a usar su marca por un tercero, que podría ser incompetente o insolvente, resulta intervencionista y contrario a las normas actualmente vigentes en toda la UE.
También establece el proyecto unos baremos que dan como resultado unas indemnizaciones muy superiores a las que se establecen en cualquier país europeo, como Francia o Alemania. En Europa, salvo en Bélgica, no existe ninguna ley de distribución, precisa Anfac.
Las indemnizaciones deben fijarlas los jueces, amparándose en la jurisprudencia existente, sin que deba existir un tope máximo o mínimo para establecerlas, defienden los fabricantes.
La Ley que finalmente salga del Congreso de los Diputados no se debería aplicar a los contratos antiguos, ni a las renovaciones ni prórrogas de los que están en vigor actualmente, ya que crearía incertidumbre e inseguridad jurídica, añaden los fabricantes.
Precisa Anfac, finalmente, que la Ley de Distribución final debe ser una norma de mínimos y con carácter horizontal. Ha de contemplar las condiciones básicas que deben reunir todos los contratos de distribución de cualquier sector de la actividad económica, permitiendo que los aspectos específicos de cada sector y que su tratamiento se adapte a las necesidades del mercado, preservando la libertad de las partes para pactar lo que consideren oportuno.
En definitiva, concluyen, la futura Ley de Contratos de Distribución debe respetar la libertad de pacto para que los que concurran al mercado puedan decidir las condiciones que quieren aplicar y las relaciones que mantienen entre las partes.
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