Cabify, que dejó de operar en Barcelona el pasado 1 de febrero, el mismo día que entró en vigor el citado decreto, espera trabajar en la ciudad con una flota de 300 coches en una fase inicial, lo que puede dar lugar a alguna demora en horas de alta demanda.

Sin embargo, la empresa considera que esta situación será "transitoria" y que el decreto ley aprobado por la Generalitat será declarado nulo por los tribunales en un futuro próximo, ya que, si no es así, volvería a plantearse su situación en Cataluña.

La empresa ha lanzado una nueva operativa solo para Cataluña que "mantiene la sencillez de uso de la aplicación" y se "ajusta" a los requisitos impuestos por el gobierno catalán.

Para operar en Barcelona, Cabify ha adaptado la contratación del servicio de movilidad que ofrece a los usuarios a través de su aplicación a los requisitos que exige la normativa catalana, "asumiendo para ello una serie de costes que no tiene el deber jurídico de soportar", ha denunciado.

Así, el usuario que haya viajado alguna vez en Cataluña con Cabify y quiera seguir haciéndolo deberá aceptar unas nuevas condiciones de contratación acordes a la distinta naturaleza del servicio que la compañía presta ahora en la comunidad.

La decisión de volver a Barcelona "no implica -según la compañía- la conformidad de la empresa con la nueva normativa de la Generalitat", que considera "desproporcionada y contraria a Derecho", sino que responde al compromiso con la ciudad, sus usuarios, empleados y el afianzamiento de miles de empleos.

La empresa considera que este modelo no es el óptimo para una ciudad y una comunidad que son "símbolos de innovación y progreso" y está dispuesta a cargar con el "elevado e injustificado" coste de adaptar su modelo de negocio para cubrir las necesidades de los usuarios.

Recuerda que el nuevo modelo implica renunciar a la operativa general de Cabify de gestión del servicio como agencia de viajes, que no impone al usuario ninguna restricción al tiempo de precontratación previo.

La empresa lamenta que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona hayan optado por "restringir las opciones de movilidad de los usuarios y el derecho a la libertad de empresa" de Cabify a través de una normativa que ha sido cuestionada por la Autoridad Catalana de la Competencia y el Consell de Garantías Estatutarias de la propia Generalitat.

El pasado mes de febrero, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó inicialmente el nuevo reglamento de VTC, que obliga a precontratar este tipo de servicios con una antelación mínima de 60 minutos y fija multas de hasta 1.400 euros para quien incumpla este punto.