Ghosn puso en marcha el 29 de diciembre del año pasado un extravagante plan de evasión con destino a Beirut, incumpliendo sus compromisos con la justicia nipona, que le había concedido la libertad bajo fianza con la condición de estar vigilado 24 horas y de restringir sus movimientos.

Desde su huida, Japón ha tratado sin éxito de tramitar su extradición desde el Líbano, mientras que Ghosn ha protagonizado numerosas apariciones mediáticas para denunciar lo que considera un trato injusto de la justicia nipona, una versión que ha sido en parte respaldada por un órgano de Naciones Unidas.


Una fuga inaudita, de película.

El expresidente de Nissan, de Renault y de Mitsubishi llegó a ser una de las figuras más poderosas del sector automotor a nivel global, pero cayó en desgracia a partir de su arresto, por presuntas irregularidades financieras, en Tokio el 19 de noviembre de 2018.

Ghosn obtuvo la libertad bajo fianza tras pasar en total 130 días detenido, pero desapareció de la vista de las autoridades niponas cuando se acercaba el fin de año, aprovechando un período de intenso movimiento de viajeros en Japón y la posible relajación de quienes estaban a cargo de monitorizar sus movimientos.

Se cree que Ghosn tomó un tren de alta velocidad desde Tokio a Osaka, y con la ayuda de dos cómplices, embarcó, escondido en un baúl y sin pasar por ningún control migratorio, en un avión en el aeropuerto internacional de Kansai que lo llevaría a Estambul, desde donde voló después a Beirut.

Al Líbano entró con un pasaporte francés y un documento de identidad libanesa (Ghosn posee esa nacionalidad además de la brasileña y la francesa), y desde ese país ha continuado defendiendo su inocencia frente a lo que tacha de acusaciones falsas en Japón, a las que se suma una investigación en Francia.

"Me estoy defendiendo en Holanda, en Francia, espero que algún día en Líbano, contra un sistema que está amañado, en el que las acusaciones fueron inventadas por una razón muy simple: nunca pensaron que escaparía, nadie escapa de Japón", dijo Ghosn en una reciente entrevista con Efe en Beirut.


Juicios en marcha y a la espera.

Ghosn está acusado de ocultar a las autoridades una serie de compensaciones pactadas con Nissan Motor entre 2011 y 2018 para ser abonadas después de su retiro por valor de 9.100 millones de yenes (73 millones de euros), entre otras irregularidades, aunque su juicio está paralizado al no poder celebrarse en su ausencia.

Quien sí está siendo juzgado es el estadounidense Greg Kelly, ayudante de Ghosn en la cúpula de Nissan, por su presunto papel en irregularidades financieras que la fiscalía atribuye al expresidente, por lo que podría ser condenado hasta a diez años de prisión.

Japón logró además que Estados Unidos autorizara en octubre la extradición de dos ciudadanos de ese país sospechosos de haber ayudado a Ghosn en su fuga, pero un juez federal en Boston suspendió la medida temporalmente para examinar las quejas sobre el sistema judicial nipón presentadas por los acusados.

Y es que el caso Ghosn ha socavado la imagen exterior de la justicia japonesa, al poner el foco sobre los largos períodos de detención e interrogatorios permitidos o sobre la elevada tasa de procesos que terminan con un veredicto de culpabilidad.

El pasado noviembre, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas publicó una opinión que calificaba de "arbitraria" la privación de libertad de Ghosn durante dos períodos entre noviembre de 2018 y marzo de 2019.

Sin entrar en el fondo de las acusaciones que pesan contra Ghosn, el órgano de la ONU concluyó que el tratamiento al exejecutivo contravino varios artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, y recomendó a Japón indemnizarle por los daños causados y llevar a cabo una investigación sobre el tema.