La propuesta, una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, ha salido adelante con 33 votos a favor, una abstención (del representante de UPyD, Álvaro Anchuelo) y ningún voto en contra.
Durante el debate, el representante del Grupo Popular, Rogelio Araujo, destacó que el baremo vigente, aprobado en 1995, era ya obsoleto e instó al Gobierno a presentar lo antes posible un proyecto de ley que recoja, entre otros aspectos, el lucro cesante que sufren las víctimas de accidentes.
Entre los objetivos de la propuesta, fruto de cinco años de trabajo de un grupo compuesto por víctimas, aseguradoras, abogados y representantes de los ministerios de Justicia y Economía, citó actualizar las tablas de indemnizaciones para agilizar las valoraciones de los daños revisando los diferentes perjuicios que puede sufrir una víctima.
Otro de los objetivos sería mejorar las indemnizaciones a los grandes lesionados, que quedan con problemas de autonomía personal, teniendo en cuenta sus gastos futuros, que actualmente pasan a estar cubiertos por la Seguridad social a partir del segundo año y de los que podrían ocuparse las aseguradoras.
El nuevo texto también tiene en cuenta algunos cambios sociales ocurridos en los últimos años como los distintos tipos de familias o los avances médicos o la mejora de las carreteras y del parque de automóviles.
En definitiva, se trata de mejorar las indemnizaciones para situar a la víctima en una posición "lo más cercana posible" a la que tenía antes de producirse el siniestro.
El representante socialista, Juan Carlos Corcuera, aseguraba durante el debate su apoyo al texto, aunque no estén de acuerdo con algunos puntos, porque la reforma "era ya inaplazable".
Y además, cualquier cambio por pequeño que sea será beneficioso para las víctimas, dijo Corcuera, que añadió que su Grupo transformarán las discrepancias en modificaciones al texto cuando se tramite en el Congreso.
Corcuera se mostró de acuerdo con la exposición de Araújo y recordó que en Europa las indemnizaciones que se pagan a las víctimas de tráfico triplican y en algunos casos cuadruplican las que existían hasta ahora en España, lo que hace aún más necesario actualizarlas.
Por parte de Convergencia i Unió, Josep Sánchez Llibre también hizo un repaso por los principales objetivos de la nueva normativa, sin olvidar la inclusión del colectivo de las amas de casa.
Por UPyD, Álvaro Anchuelo anunció la abstención de su grupo pues, aunque ven "muchos aspectos positivos en este proyecto", no comparten otros y creen necesario dejar margen a la "discrecionalidad judicial" en la fijación de indemnizaciones.
Por su parte, el diputado de Amaiur Rafael Larreina reprochó al Gobierno que haya tardado 20 años en actualizar el sistema anterior, le instó a presentar cuanto antes el proyecto de ley y le pidió que "haga caso a víctimas y no a las aseguradoras".
La presidenta de la patronal de las aseguradoras españolas, Unespa, Pilar González de Frutos, se refirió recientemente a la necesidad de actualizar el baremo para mejorar "todo lo posible" la indemnización de todas las víctimas, especialmente las de los grandes lesionados y los perjudicados por el fallecimiento de alguna víctima.
"Es un esfuerzo que merece la pena hacer, sobre todo por este tipo de víctimas", destacó.
Para la presidenta de Unespa es muy importante que todos estos conceptos, es decir, "todo lo que sea indemnizable", estén establecidos con claridad dentro de ese baremo porque eso permite hacer un cálculo ajustado "de la siniestralidad máxima esperable y también de las primas".
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