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Por supuesto, tendrá que nombrar a un director general de Tráfico, un puesto vacante desde la dimisión de su anterior responsable, María Seguí, por las acusaciones de favoritismo hacia su marido en subvenciones de la DGT.

Si los datos de la accidentalidad se mantienen como hasta ahora (hasta ayer se han registrado 989 fallecidos, 35 más que en el mismo periodo de 2015, es decir, un 4 por ciento más), el año acabará con más muertos en las carreteras.

Un aumento que rompería definitivamente la tendencia de los últimos años y que preocupa tanto a los responsables políticos como a las distintas asociaciones y entidades relacionadas con la seguridad vial.

Diversos son los factores que están incidiendo en ese repunte, que los responsables de Tráfico atribuyen a un aumento de la movilidad gracias a la recuperación económica, al envejecimiento del parque automovilístico -el más obsoleto de Europa- y al consumo de drogas, que se está incrementando frente al menor número de conductores que se ponen al volante tras haber ingerido alcohol.

Mantener las campañas informativas y de concienciación que tan buenos resultados han dado, adoptar medidas para los infractores reincidentes o darle una vuelta a los cursos de sensibilización para la recuperación de puntos del carné son algunos de los objetivos que previsiblemente se planteará el nuevo titular de Interior.

Recetas que pueden redundar en un cambio de esa tendencia al alza, porque otras, como la mejora de las infraestructuras viarias, escapan de las competencias de Zoido, así como la de dar un nuevo impulso a las ayudas para la compra de coches y rejuvenecer el parque. No podrá tomar decisiones en ambos casos, pero sí influir en ellas.

Y si quiere sacar adelante el proyecto del nuevo Reglamento de Circulación, en el que la DGT ya había incluido un cambio en los límites de velocidad, tendrá que vencer las reticencias de la Dirección General de Carreteras, que ha paralizado la medida.

Con un nuevo titular en la cartera de Fomento, Íñigo de la Serna, el ministro del Interior deberá negociar si, como se había previsto, se incrementa hasta los 130 kilómetros por hora el límite máximo de velocidad en determinados tramos de autovías y autopistas y si se rebajan los topes en las carreteras secundarias, o si todo queda como hasta ahora.

En cualquier caso, el Reglamento, que ha sufrido importantes retrasos, tendrá que aprobarse.

También deberá darse un impulso a otro asunto que ha quedado paralizado tras la dimisión de Seguí y el cese de la subdirectora de Conocimiento Vial, Marta Carrera: la adjudicación de los cursos de recuperación de puntos.

Un concurso sobre el que se abrió una investigación después de que saliera a la luz la grabación de una conversación entre Carrera y el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, gestor y beneficiario de esos cursos desde hace diez años, para amañar supuestamente los pliegos del concurso público para adjudicar los centros que imparten las clases.

A Zoido le queda la tarea de devolver a Tráfico la buena imagen de la que ha gozado. Un área que ha concitado casi siempre el máximo consenso entre las partes implicadas y entre los partidos.

Porque todos comparten el mismo objetivo: cero accidentes, cero fallecidos.

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