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El martes entra en vigor el decreto que el BOE publicó el 29 de diciembre, aprobado por el Gobierno a propuesta de la Dirección General de Tráfico (DGT) para poner freno a las muertes que el exceso de velocidad provoca en las carreteras convencionales, donde cada año mil personas pierden la vida en accidente.

Son varios los titulares de las vías, desde el Ministerio de Fomento a las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos. Y todos están haciendo sus deberes para que el martes las señales de tráfico estén adaptadas a la nueva norma y contribuir a rebajar la tasa de 39 muertos en carretera por cada millón de habitantes en España.

Y ese trabajo de un mes tendrá su colofón mañana en un acto simbólico para cambiar la última señal. Los directores generales de Tráfico, Pere Navarro, y de Carreteras, Javier Herrero, lo harán a la altura del kilómetro 44 de la N-6, en la localidad madrileña de Collado Villalba.

Difícil saber el número de señales que se han cambiado y el presupuesto destinado a ello dado el amplio abanico de titulares de las carreteras y el infinito número de éstas.

Solo Fomento es titular de 14.418,80 kilómetros de la red estatal de carreteras secundarias, en las que en el último mes ha colocado más de 2.700 señales de prohibido circular a más de 90 km/h para sustituir las que marcaban el límite de 100.

Medio millón de euros se ha gastado la administración central en esta adaptación, según han señalado a Efe fuentes del departamento que dirige José Luis Ábalos.

Ni un euro ha tenido que desembolsar el gobierno regional de Miguel Ángel Revilla, porque en ninguna de las carreteras cántabras de su competencia se podía circular ya a más de 90.

Otra comunidad uniprovincial, Madrid, sí ha tenido que cambiar un total de 12 señales de prohibido circular a más de 100 km/h. Se ha gastado en ello 1.773 euros.

La Junta de Extremadura ha hecho sus deberes para adaptar los 154 kilómetros de cinco carreteras autonómicas y dos ramales de la autovía EX-A2 a las exigencias del decreto. Es decir, ha tenido que cambiar 43 señales, según datos de la Consejería de Economía e Infraestructuras.

Por su parte, las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz se han ahorrado el trabajo. En ninguna vía de su titularidad se podía ir a 100.

Según la Consellería de Obras Públicas de la Comunidad Valenciana, en la provincia de Castellón ha habido que reemplazar 17 señales con un coste de 3.660 euros, mientras que en la de Valencia les ha salido más barato: 2.750 euros en 20 señales. En Alicante, ninguna vía autonómica está afectada por la nueva normativa.

También están listos para los nuevos límites los 296 kilómetros de las carreteras autonómicas de Castilla y León afectadas por la nueva señalización. El ejecutivo de Juan Vicente Herrero se ha gastado en ello 12.120 euros.

Habría que sumar en esta región, que cuenta con el mayor número de diputaciones (nueve), el gasto que le habrá causado el cambio de señales a esas entidades provinciales.

Son algunos ejemplos del trabajo que han tenido que llevar a cabo los distintos titulares de la vía para colocar a España junto a los otros quince países europeos que ya tienen establecida una velocidad máxima de 90 km/h en su red secundaria o convencional.

La medida obligará a motos y turismos a circular a una velocidad máxima de 90 km/h independientemente del ancho del arcén.

Esta norma afecta también a autobuses y vehículos mixtos adaptables, si bien en el caso de los primeros, y a pesar de que tienen una baja tasa de accidentalidad, no podrán circular a más de 80 km/h los que no dispongan de cinturones de seguridad.

Además, el decreto fija en un máximo de 80 km/h la velocidad en las carreteras convencionales para camiones, tractocamiones, furgonetas, autocaravanas con un masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos, vehículos articulados y automóviles con remolque.

Las asociaciones de víctimas han acogido bien que el Gobierno se atreviera por fin a adoptar esa medida, que para las autoescuelas debe ir acompañada de un aumento de los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y para los automovilistas de más inversión en las carreteras.

Desde el martes sobrepasar los 90 km/h en la red secundaria costará dinero y puntos. Desde 100 euros a 600 puede ser la multa, y de 2 a 6 puntos los que se retiren del carné por pisar el acelerador más de lo debido.

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